El jueves 4 de marzo, se cumplió un nuevo aniversario de la entrega al país del Informe Rettig, documento que compendia las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Por este motivo, organizaciones de familiares de víctimas habían convocado a una manifestación en el frontis del palacio de gobierno, la cual fue suspendida debido al reciente terremoto.

Un mitin  en esta coyuntura suena extemporáneo. Sin embargo, el tema del los derechos humanos esta siendo cada vez más atingente, mezclándose poco a poco con el desastre y sus secuelas.

Corrobora lo anterior una feroz columna  del sociólogo Fernando Villegas, escrita en el diario La Tercera, titulada provocativamente “La pistola al cuello”. Encabezada por la foto de un policía apretando el cañón de su arma contra la garganta de un sujeto, aparentemente un saqueador de la zona de Concepción (LT, p 16, 02/03/2010).

En la nota, el columnista arremete contra  unas “doctrinas de derechos humanos” culpándolas de “entorpecer gravemente  la determinación o voluntad del Estado para preservar el orden público”, aludiendo a una supuesta lenidad para sofocar los saqueos en  Concepción. Villegas afirma que producto de la acción de tales “doctrinas”,  los policías no serían capaces siquiera de “levantar la voz”, en el cumplimiento de su deber, por miedo a enfrentar juicios y ser expulsados de la institución.

Lamentablemente el sociólogo no presenta ejemplos concretos de policías juzgados o expulsados por “levantar la voz”, si es que existen. Los juicios más conocidos contra carabineros, por ejemplo, se relacionan con muertes de activistas y comuneros mapuches, hechos que obligatoriamente la justicia debe investigar.

Se ha vuelto normal en estas últimas décadas que ante la ocurrencia de crímenes de alto impacto, incremento del número de delitos, o saqueos, como en este caso, aparezcan personajes “políticamente incorrectos” cuestionando la defensa y promoción de los derechos humanos, considerándolos casi como un estorbo en la lucha contra la delincuencia.

Lo inquietante para los activistas humanitarios, es que este discurso dispone de tribunas privilegiadas y parece ganar terreno en la opinión pública, más aún en una situación de crisis como la presente. Villegas acostumbra emitir declaraciones polémicas y provocar  reacciones airadas entre los aludidos, ya sean minorías sexuales o militantes feministas, sin que el resto de la sociedad tome muy en serio sus pachotadas. Pero en esta oportunidad el terremoto y sus secuelas mantienen a la ciudadanía con los nervios de punta y en tal ambiente muchos parecen inclinarse por soluciones extremas, sin dimensionar sus consecuencias.

Caos y salvación. ¿Toda la ciudad de Concepción estaba bajo saqueo?

Los reparos a que se enviaran tropas a imponer el orden sin miramientos; o el recuerdo de funestas experiencias históricas de este tipo de intervención castrense, han sido catalogadas por algunos como simples traumas de “viejos”, de “blandos” y cuando no de cómplices de la delincuencia.

Semejante panorama no resulta alentador para las organizaciones y activistas de derechos humanos. El próximo 11 de marzo ocupará la moneda Sebastián Piñera y sus colaboradores, los cuales no simpatizan mucho con el tema y habrían establecido compromisos con ex militares para incentivar el término de los juicios a torturadores y asesinos y posiblemente la amnistía. La lucha contra la impunidad, por la justicia y contra el abuso de poder, podría verse aún más dificultada, mientras que el autoritarismo y la paranoia fascistoide ganan terreno.

Quien calma los desmanes: ¿los fusiles o el agua?

Hasta el momento no hay información sobre actuaciones excedidas de los militares en la zona siniestrada. Solo se mencionan arrestos. La calma parece estar volviendo. Pero no es un detalle menor que  también comenzó a llegar la ayuda, la electricidad, la comida y el agua. Su carencia casi total ha provocado hechos tan lamentables como el asalto a un hospital, donde robaron el vital elemento desde las máquinas dializadoras.

Si no hay agua no hay vida y los desesperados no miden consecuencias. Así de simple y terrible. Más aun en una zona de desastre donde la población está desinformada y no sabe, por ejemplo, cuando llegarán los auxilios.

Diario La Tercera

Ley Marcial

Gran difusión lograron las impactantes declaraciones del Alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, pidiendo que se aplicara la Ley Marcial y entraran las tropas a su condado a matar, luego que la sede municipal fuese asaltada por una turba. También conmocionó las declaraciones de la alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, militante del partido derechista UDI y nueva intendenta de la región siniestrada, quien dispuso de tribuna privilegiada en canales de TV para difundir, sin ningún filtro, la visión apocalíptica de una ciudad a merced de la delincuencia, y amenazó con dejar sin abastecimiento de agua y alimentos a los barrios desde donde, supuestamente, provenían los saqueadores. Lamentando que el número de tropas no fueran las que ella exigía y no tuviesen autorización para disparar contra las turbas.

Los que clamaban por “ley marcial”, al parecer no tenían conciencia que las tropas no iban a disparar a blancos difusos, sino  concretamente a  fusilar in situ a los saqueadores (sospechosos o efectivos), restringiendo al máximo las libertades ciudadanas, incluyendo la de prensa. Esto se habría traducido, necesariamente, en la salida obligada del teatro de operaciones de toda o gran parte de la prensa y la restricción severa de sus despachos.

Lamentablemente las supuestas dudas, titubeos o reparos en usar la fuerza militar con tanta severidad, podría traerle un fuerte costo político a la presidenta Bachelet. Medios electrónicos y de prensa escrita han difundido feroces críticas a su accionar respecto a las fuerzas armadas. Y con una opinión pública sensibilizada a favor del control militar, se sospecha que futuras encuestas de popularidad, ya en preparación, podrían mostrar una caída significativa en la valoración del público hacia su persona.