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PIÑERA Y SU INGENIERÍA TRIBUTARIA: “COMPRAR PERDIDAS BARATAS” PARA OCULTAR UTILI
Enviado el viernes, 17 de marzo a las 21:27:25 por editor

Las “empresas zombis” que compró Piñera para ahorrar millones en impuestos

60 empresas "habrian ahorrado" en impuestos $ 1 billón 36 mil millones ...

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En los ’90, exitosas empresas chilenas declararon ante el SII grandes pérdidas. No estaban en crisis. Compraban firmas quebradas y usaban sus pérdidas para borrar utilidades y ahorrar impuestos. El SII investigó y descubrió que de esta estrategia se beneficiaron los Cueto, los socios de Penta, sociedades de controladores de Falabella y una firma de Piñera, entre otros.

Juan Andrés Guzmán en Reportajes CIPER.



CIPER obtuvo documentos y escrituras que muestran cómo el ex presidente compró firmas de Manuel Cruzat que estuvieron años sin actividad y una de ellas la usó para que Inversiones Bancard Ltda. declarara pérdidas por $44 mil millones.

Para la mayoría de los chilenos una deuda es un problema que angustia de día y espanta el sueño por las noches. Para un súper rico, en cambio, una deuda puede ser una oportunidad; y una deuda enorme, un regalo del cielo. La razón: permite pagar menos impuestos o incluso recuperar los tributos pagados en años anteriores. Como sintetizó a CIPER un experto tributario, “una pérdida vale plata… siempre que se tenga una asesoría adecuada, claro”.

Precisamente esa experta asesoría fue la que tuvieron 20 grandes y pujantes empresas chilenas, al declarar entre 1996 y 2004 enormes pérdidas ante Impuestos Internos (SII). Según documentos a los que accedió CIPER, entre esas firmas están: Inversiones Bancard Limitada, que en ese periodo era propiedad del ex presidente Sebastián Piñera y de sus hijos; Empresas Penta S.A. de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; Inversiones San Patricio S.A. e Inversiones Quitalmahue S.A., ambas vinculadas a los controladores de Falabella; e Inversora Costa Verde Limitada, que pertenecía a la familia Cueto, controladora de Latam.


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Los amigos del "inefable": Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

Las pérdidas que informaron esa veintena de empresas eran de tal magnitud que parecían el resultado de una profunda crisis económica. Por ejemplo, Inversiones Bancard Ltda., declaró una pérdida tributaria de $44 mil millones; San Patricio, $940 mil millones; Penta, $54 mil millones. Pero no había crisis. Lo que había, según la definición de un ex alto funcionario del SII, era “un duro y masivo ataque de las empresas contra las arcas fiscales”.

El “ataque” –precisa el ex alto funcionario– partió a inicios de los ‘90 y tuvo su peak en los inicios del año 2000, cuando comenzaron a ser revividas empresas quebradas en la década de los ‘80, que en su mayor parte habían pertenecido a los grupos económicos liderados por Manuel Cruzat y Javier Vial.

Aquellas firmas que se desplomaron durante la peor crisis en Chile de los últimos 70 años, revivían, pero ahora en manos de otros dueños, para absorber las utilidades de los “dorados 90”, uno de los períodos de mayor bonanza y crecimiento de nuestra historia. “Empresas zombis”, las llamó el periodista Jorge Rojas, en una detallada investigación en The Clinic.

Recién en 2004, el SII (bajo la dirección de Juan Toro Rivera, 2002-2006) frenó esa ofensiva a través de una investigación llevada adelante por una “fuerza de tarea” integrada por funcionarios traídos desde distintos puntos de Chile. CIPER accedió a parte de esa indagación, incluyendo una nómina de 60 empresas prósperas en las que el SII detectó la repentina aparición de pérdidas que calificó de “improcedentes”. De ellas, 20 usaron esas pérdidas para rebajar impuestos (las otras 40 no lo habían hecho en ese momento, pero estaban en posición de hacerlo).

Para esta investigación, CIPER seleccionó las 10 empresas en las que pudimos obtener tanto los montos de las pérdidas que sus dueños reclamaban, como la rectificación de impuestos que les exigió hacer la autoridad tributaria, cuando la hubo. La investigación permitió además identificar otras seis importantes firmas –alguna de ellas no investigadas por el SII– que también recurrieron a “empresas zombis” para intentar pagar menos impuestos.

En el caso de Inversiones Bancard Ltda., según fuentes del SII, en virtud de la prescripción vigente, solo se le cuestionaron las declaraciones de los años 2002, 2003 y 2004, totalizando un impuesto adeudado de $261,96 millones. En síntesis, el argumento del SII fue: mientras Inversiones Bancard Ltda., aseguró haber tenido en esos años pérdidas por $980 millones, la autoridad detectó utilidades por $547 millones. (Ver cuadro.)

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Para propiciar el pago sin que mediara un conflicto judicial, fuentes del SII aseguran que se le ofreció a Bancard Ltda. –y a las otras empresas en su misma situación– una condonación que es la estándar en estos casos: entre el 50 y 70 por ciento de los intereses y multas. Los representantes de Inversiones Bancard Ltda., aceptaron, rectificaron sus declaraciones de impuestos y pagaron.

CIPER se comunicó con la oficina del ex presidente Sebastián Piñera el 6 de marzo. Le informamos a su encargado de prensa que estábamos haciendo una investigación sobre el uso de “empresas zombis” y queríamos su versión sobre el uso que Piñera hizo de al menos cuatro de ellas que habían pertenecido a Manuel Cruzat. Reiteramos nuestro pedido al menos en cinco oportunidades. No obtuvimos respuesta.

Lo mismo ocurrió ese año 2004 con Empresas Penta S.A. Según diversas fuentes consultadas por CIPER, el holding de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano declaró pérdidas por $54.397 millones. En virtud de ello, Penta reclamó la devolución de cerca de $4.100 millones por tributos pagados en los años anteriores, de los cuales el SII devolvió $1.800 millones. Tras la investigación hecha durante la gestión de Toro, el SII cuestionó más del 90% de las pérdidas que reclamaron por los años 2001, 2002 y 2003, y le exigió a Penta el pago de $5.800 millones ($5.778.756.439). Tras una larga negociación, que también incluyó una rebaja de intereses y multas, Délano y Lavín también pagaron (los detalles de la operación de Penta y la respuesta de la empresa se publicarán en la segunda parte de este reportaje).

En 2007, cuando el abogado Ricardo Escobar era director del SII (2006-2010), se hizo una estimación del daño al Fisco que este “masivo ataque” podría haber provocado. El resultado fue sorprendente: si las 60 empresas que declararon tener pérdidas hubieran tenido éxito en usarlas tributariamente, el Estado habría dejado de recibir $1 billón 36 mil millones ($1.036.070.209.607), tanto por reducción de impuestos como por tributos que las empresas habrían tenido derecho a recuperar.

Un importante tributarista de la plaza –quién afirma que en estos casos no había nada irregular–, dijo a CIPER que muchas empresas terminaron pagando lo que el SII pedía, pues se las amenazó con juicios, lo que finalmente solo se concretó en el caso de Vital S.A. (que intentó hacer valer pérdidas tributarias por $47 mil millones).

–Hoy, con tanto empresario desfilando ante la justicia, se ha perdido el impacto que tenía en ese momento la amenaza de verse expuesto públicamente. Eso pesó mucho, aunque no hubiera ningún delito y aunque el SII hubiera terminado perdiendo los juicios –argumentó el mismo experto tributario.

En las páginas que siguen se exponen antecedentes para que el lector se forme su opinión sobre la legalidad y la ética de estas operaciones.

EL MECANISMO

La estrategia usada por esas 60 empresas para ser a la vez pujantes y tener grandes pérdidas, consistió en comprar firmas que habían quebrado o habían sido sometidas a acuerdos preventivos en los años ´80. Eran lo que los expertos tributarios llaman “cascarones”. Sin empleados ni terrenos ni oficinas ni know how, esos cascarones eran apenas un RUT. ¿Qué había de valioso en ellos como para que Piñera, los Cueto, Délano y Lavín pagaran entre $ 500 y $900 millones por cada uno? Algo que estaba atado a ese RUT; una pérdida tributaria que les permitía declarar ante el SII que las utilidades de sus empresas habían desaparecido y por lo tanto no tenían que pagar impuestos, o podían recuperar los pagados en años anteriores.

Esas pérdidas tenían su origen, mayoritariamente, en deudas impagas de los años ´80. Pero 10 años después, cuando prósperos empresarios se interesaron en ellas, eran deudas muy distintas a las que angustian al ciudadano común.  Primero, ya no tenían acreedor, pues a comienzos de los ‘90, cuando las empresas quebradas vendieron todos sus activos y los juzgados civiles determinaron que ya no había más nada a qué echar mano para pagar a los acreedores, se borraron las deudas que quedaban aún impagas. Así, aunque los compradores de estas empresas alegaban ante el SII tener una pérdida tributaria, nadie le exigía a Inversiones Bancard que pagara $44 mil millones ni a Vital S.A. que cancelara $47 mil millones. Esas empresas simplemente constataban que debían ese dinero y que no lo habían pagado. Y en función de esa declaración, reclamaban tener una pérdida que neutralizaba sus utilidades.

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Pero resulta evidente que Piñera no había perdido nada; y yendo hacia atrás, ni siquiera se puede sostener que la mayor parte de ese dinero lo haya perdido Cruzat (a quien Piñera compró al menos cuatro sociedades con pérdidas) ni Vial (quien vendió “empresas zombis” a los controladores de Falabella, entre otros). Los que sí habían perdido mucho eran los que le prestaron a Cruzat y Vial: los bancos que fueron intervenidos, los ahorristas que perdieron sus depósitos, el Fisco, que salió al rescate de la banca y a través del Fisco, todos los chilenos. ¿Qué justificación había para que los prósperos empresarios de los 90 y 2000 reclamaran haber perdido ese dinero y en función de eso pagaran menos impuestos por sus utilidades?

Aunque ese cuestionamiento es válido para todas las operaciones que se van a describir en esta investigación, desde el punto de vista de la “técnica tributaria” algunas están mejor hechas que otras: algunos abogados recurrieron a zombis “más frescos”, comprados pocos años después de que se cerraran sus acuerdos preventivos, zombis que tenían su contabilidad en orden (varias de las empresas Cruzat son de este tipo). En esos casos, aunque el SII cuestionó grandes montos relacionados con el cálculo de intereses y reajustes, no acusó delitos.

Como se verá más adelante, el abogado Fernando Barros, tributarista de cabecera de Piñera, se refiere a la reacción del SII ante esas operaciones como “correcciones monetarias”.

Pero hay otro tipo de zombis que llevaban décadas bajo tierra y revivirlos implicó un trabajo titánico para equipos de contadores y abogados. En ocasiones debieron forzar barreras éticas, legales e incluso desafiar la lógica: porque cuando no hay un acreedor, no hay quién diga exactamente cuanta es la deuda, ni quien calcule el interés.

En casos como los de las empresas Johnson´s y Vital S.A. fue el comprador del cascarón el que debió calcular minuciosamente cuánto debía. Investigaciones periodísticas que han revelado el uso de zombis para bajar impuestos –como las del periodista Carlos Tromben (Crónica secreta de la economía Chilena, Ediciones B, 2016 ) y la citada serie de Jorge Rojas–, describen equipos de contadores reconstruyendo deudas de empresas quebradas, hundidos en cerros de facturas impagas, movidos por el paradójico aliciente de que mientras más grande la deuda, mejor para el deudor. Una vez que esas cuentas estaban listas, se presentaban todas juntas ante el SII, en un solo acto, por lo que de un día para otro empresas con buenos números parecían en quiebra.

Pero no solo eso. Puesto que la deuda original se había borrado, la pérdida que se reclamaba era, en su mayor parte, el interés reajustado de la deuda original que se borró.

–La deuda que el Servicio cuestionó en muchas empresas fue el reajuste experimentado por lo que se llama la “pérdida de arrastre”, la cual estaba formada por un conjunto de intereses, reajustes y diferencias de cambio que estaban vinculadas con obligaciones y préstamos que nunca se pagaron –explicó a CIPER un experto tributario.

Es importante destacar que hay aspectos de estas operaciones que siempre han sido y siguen siendo incuestionables. Por ejemplo, si una empresa en 2016 tiene ganancias, puede no pagar los impuestos que corresponden echando mano a las pérdidas que tuvo en años anteriores. O también puede guardar esas pérdidas en una especie de “cuenta de ahorro” para deducir impuestos cuando lo estime conveniente. La razón de esto es que la ley considera que las empresas son unidades clave de la economía, por lo que el Fisco las apoya en las malas épocas (devolviéndoles los impuestos pagados, por ejemplo), para que tributen por las utilidades reales en el largo plazo.

La “innovación” que los avezados tributaristas intentaron fue reclamar el apoyo fiscal para cascarones cuyo único bien era el ahorro tributario que le podían generar a las prósperas firmas compradoras.

 

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